oligopolios
La acción dominante de ciertas fuerzas económicas en los mercados es un eje central para pensar de qué manera se forman los precios que se exhiben en las góndolas, la compra de materiales de construcción o el servicio de telefonía celular. Esa incidencia se puso en evidencia en algunos puntos de la cadena de la canasta básica durante la negociación del acuerdo de Precios Cuidados.

En este marco, resurgió dentro de la jefatura de Gabiente de Jorge Capitanich la posibilidad de darle un impulso a la Ley de Defensa de la Competencia (25.156) conocida en la jerga como la ley antimonopolio, que se aprobó en 1999 y prevé la conformación de tribunales que nunca se constituyeron, poniendo un límite objetivo a la ley misma. Capitanich alertó el pasado 14 de enero sobre “los problemas en la formación de precios”, razón por la que puso el foco en los abusos de posición dominante de algunas empresas.

En este contexto, una de las soluciones que se profundizaron es “hacer funcionar el tribunal de defensa de la competencia, de ver la estructura de costos de los procesos productivos, y observar que haya competitividad en toda la cadena de valor”. “El jefe de Gabinete está muy interesado en que se ponga en funcionamiento la ley de forma efectiva, pero el trabajo tiene que ser coordinado. Es un mecanismo fundamental para establecer el control de precios en la industria”, explicaron a Tiempo Argentino fuentes oficiales.

La iniciativa se discute con Economía, ya que sería la Secretaría de Comercio la encargada de su aplicación. De hecho, en 2005 hubo una iniciativa en el Congreso que buscaba modificar la ley para llegar a un punto intermedio y permitir la intervención del ministro en las decisiones, pero se cayó en la Cámara de Senadores.

“El Poder Judicial dice que como no se formó el tribunal, la comisión no tiene facultades para emitir cautelares”.
La creación del tribunal tendría un efecto concreto sobre la aceleración de los procesos que actualmente son lentos en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

“El Poder Judicial dice que como no se formó el tribunal, la comisión no tiene facultades para emitir cautelares. Que se pueda recuperar esa posibilidad haría todo más rápido, sobre todo con los fondos que tiene un tribunal. En 2013 cobramos una multa a las cementeras ($ 310 millones) que es nuestro Presupuesto de diez años”, indicó Diego Povolo, vicepresidente de la CNDC. Además, planteó que también podría modificarse la Ley para darle más margen de acción a la Comisión y que una instrumentación más avanzada permitiría cobrar una tasa a las empresas para financiar las multas por abuso de posición dominante.

Cómo son los casos en los que intervendrían

Desde la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) plantean que las conductas más denunciadas son de negativas de ventas y discriminaciones de precios por el lado del abuso del poder dominante.

Esta situación puede estar en distintos eslabones, como por ejemplo un minorista contra un mayorista o un productor contra el proveedor de los insumos. Por el lado del consumidor las denuncias son sobre carteles, cuando se ponen de acuerdo los agentes de un mercado para no competir y acordar. Hoy hay varios miles de expedientes parados por posición dominantes, con reclamos de desinversión por parte de los denunciantes.

Uno de los casos más famosos que llegaron a una sentencia firma fue el de cartelización e intercambio de información competitivamente sensible entre las cementeras. Luego de casi ocho años de haberse dictado la Resolución Nº 124 de fecha 25 de julio de 2005, emitida por la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía, la Corte Suprema de la Nación rechazó las quejas de los denunciados y confirmó las multas. Estas fueron abonadas el año pasado por más de $ 308 millones.

Entre los casos que maneja la CNDC se anotan los más diversos mercados. Por ejemplo, en el oxígeno líquido se investigaron acciones concertadas entre los años 1997 y 2002 para repartirse clientes y fijar precios. Se aplicaron sanciones que fueron apeladas por las partes y actualmente se encuentran trámite en la justicia federal.

La Filial Santa Fe de ADELCO (Acción del Consumidor) denunció a Cablevisión y Multicanal en 2010 reparto geográfico de mercado en el mercado de televisión por cable. Las multas superaron los 2 millones de pesos, pero también fueron paradas por recursos extraordinarios que actualmente se están tramitando ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

También se pueden observar denuncias por casos más sensibles para el día a día de los ciudadanos con temas como la salud. En 2003 un numeroso grupo de sanatorios y clínicas llevaron a la CNDC el caso de la Asociación de Anestecia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, que actuaba en forma concertada para fijar los precios de los servicios de anestesiología y que decidió imponer en el mercado un aumento equivalente aproximadamente el 50% de los aranceles que se encontraban vigentes.

Incluso en otro de los casos la Comisión exigió la presentación de un compromiso que implicara grandes inversiones para que haya más oferta de combustibles y llevó a que Bridas volcara el dinero.

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