cerealeras
En declaraciones radiales efectuadas el pasado viernes, el ministro de Economía Axel Kicillof aseveró que “hay miles de silobolsas reteniendo la cosecha. Estimamos que son once millones de toneladas, que implican unos 4.000 millones de dólares. Por su parte, las cerealeras suspendieron sus créditos internacionales por unos 2.500 millones de dólares. Entonces, ahí tenemos unos 6.500 millones de dólares que podrían estar en las reservas, si no hubiera movimientos especulativos”.

En efecto, el paradigma sojero nacido a inicios de este siglo convirtió a los principales protagonistas del agro en verdaderos agentes financieros, con un poder de fuego que les permite incidir en variables clave de la economía, tal como está sucediendo en la actualidad con la cotización del dólar.

Sucede que si bien la Argentina tuvo una histórica dependencia del sector agropecuario, la combinación del alza de precios internacionales, novedosas técnicas de explotación agrícolas y el surgimiento de nuevos actores oligopólicos al interior de la cadena, potenció el rol de estos actores, permitiendo que desempeñen un rol que, desde algún aspecto, se asemeja al que supo tener el sector financiero (bancos privados y organismos multilaterales de crédito) durante el auge del neoliberalismo. Prueba de esto fue el instrumento financiero creado por el Banco Central a mediados de diciembre, para que las exportadoras de granos (cerealeras) liquiden divisas de la última cosecha, que retienen especulando con las futuras subas en el valor del dólar oficial. Así como se emiten títulos públicos con el fin de recurrir a los bancos y organismos multilaterales para equilibrar las cuentas públicas, en la actualidad las cerealeras, desde el sector privado, han logrado también este poder de otorgar las divisas que estabilicen las variables financieras que, al igual que el sector financiero, ellas mismas han ayudado a desequilibrar.

Y al igual que sucede con el sistema financiero, resulta complejo para el país lograr su beneplácito si no es a cambio de beneficios exorbitantes. El título creado por el Banco Central buscaba que las cerealeras aceleren la liquidación otorgándoles la posibilidad de recibir el pago de sus exportaciones al valor en el que se encontrara el dólar oficial en el lapso de los siguientes 91 a 180 días, por lo que en los hechos les permitía efectuar sus ventas sin necesidad de recibir el valor del dólar actual, que se sabe, es inferior al futuro. Además, les otorgaba una tasa del 3,65% anual. Pero no fue suficiente: por el momento entraron poco más de 350 millones de dólares, una cifra muy lejana a cualquier expectativa montada sobre sus tenencias.

El paradigma sojero nacido a inicios de este siglo convirtió a los principales protagonistas del agro en verdaderos agentes financieros.
Así, el Gobierno se encuentra realizando todo tipo de maniobras para intentar sostener los niveles de reservas y la cotización del dólar, con el objetivo de ganar tiempo hasta el mes de marzo, cuando, por cuestiones estacionales, las cerealeras deberían aumentar significativamente la liquidación de divisas. Una de estas medidas fue implementada en noviembre último, luego de que el Gobierno detectara que durante el transcurso del año las cerealeras habían comenzado disminuir la toma de créditos en el exterior para comenzar a hacerlo localmente en pesos, especulando con la devaluación de la moneda. Así, el Banco Central lanzó una normativa para que los bancos no otorguen más del 0,3% de su capacidad de préstamos para prefinanciar exportaciones de granos, bajo el objetivo de “inducir a las principales firmas a retomar la política de buscar fondos en el exterior”.

Pero si bien se intensificó este año, la especulación de las cerealeras fue fuerte desde el anterior. De acuerdo con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante 2013 la recaudación tributaria subió un 26,3% en relación con 2012. En esto tuvo que ver el aumento por sobre el 30% de los tributos más importantes: IVA, 30,7%; Seguridad Social, 30,9%; e Impuesto a las Ganancias, 32,6%. Pero también, con que otro de los tributos fundamentales, el proveniente por derechos de exportación, no sólo no aumentó sino que disminuyó, y en una cifra considerable: 9,5%. Ello, pese a que la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) afirmó que la cosecha de granos superó los 105 millones de toneladas, siendo un 16,4% superior a la del anterior ciclo.

Ya a mediados de año, más precisamente el 4 de junio, advirtiendo esta tendencia, la Presidenta manifestó en un acto público en Casa Rosada que en materia de recaudación fiscal se habían batido récords en todo tipo de tributos, pero que “para los que se preguntan si fue récord en materia de exportación, no, no lo fue, no fue porque ya sabemos lo que están haciendo, ya nos dimos cuenta”, posiblemente en referencia a la especulación que estaban realizando los principales actores de la cadena agropecuaria, pero también a las maniobras de evasión y elusión fiscal.

Los nuevos protagonistas. El informe “Complejo Oleaginoso” difundido por el Ministerio de Economía en 2012, arroja datos contundentes sobre la construcción y el gran poder de los principales actores de la cadena agrícola, cuyas tendencias no hicieron más que profundizarse a lo largo de estos últimos dos años, debido a las dificultades para establecer regulaciones públicas sobre este sector de la economía.

Sin dudas, la soja es el cultivo por excelencia, y da cuenta de este fenómeno. De acuerdo con el informe, los principales productos exportados en 2010 eran los pellets (comprimidos derivados de los granos luego de la extracción del aceite) de soja y girasol, con un 45% del total, los porotos de soja, con un 27%, y el aceite de soja, con un 23%. Si se tiene en cuenta el contexto de los últimos años, donde la soja fue el commodity que más aumentó –subiendo el precio de su tonelada de 180 dólares en el año 2000 a 300 en 2007, y a partir de allí hasta los 470 actuales, tocando picos de más de 600 en 2012–, es fácil advertir que esta tendencia hacia la sojización se intensificó.

Tomando como referencia este cultivo, el citado informe señala que las cinco primeras empresas exportadoras de granos de soja concentran el 66% de las ventas, mientras que las diez primeras dan cuenta del 96%. Estas cinco primeras empresas eran Cargill, con el 20% de las toneladas de granos de soja exportadas, Noble Grain (13%), ADM (12%), Bunge (11%), y Dreyfus (11%), aunque de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, durante los últimos años ADM subió varios escalones, liderando en 2012 con índices similares a los de Cargill.

Se trata de empresas concentradas que, además, vieron multiplicada de forma exponencial su facturación, pues, de acuerdo con el informe, durante poco más de una década la superficie sembrada se soja creció en más de un 120%, aumentando las exportaciones del complejo oleaginoso a una tasa anual promedio del 12,6%, llegando a los 18 mil millones de dólares en 2010. Si se considera que, de acuerdo a la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) durante el 2013 se adquirieron granos por casi 23.000 millones de dólares, es fácil advertir que esta tendencia no se detuvo.

Pero las cerealeras son en rigor la punta de lanza de un entramado oligopólico, lo cual se advierte en la descripción que el informe del ministerio realiza sobre la composición de los cinco grupos anteriormente citados, en donde se puede advertir que estas cerealeras tienen injerencia no solo en las exportaciones sino en toda la cadena productiva.

La principal cerealera, el holding norteamericano Cargill, posee tres terminales portuarias propias (San Martín; Diamante; Bahía Blanca); 10 centros de acopio de granos (tres en Córdoba; dos en Sta. Fe; y cinco en Buenos Aires) y otros tantos que trabajan con exclusividad para la firma; cuatro plantas de procesamiento y comercialización de oleaginosas, aceites y subproductos. (Puerto San Martín, Quequén y Bahía Blanca); siete molinos harineros (cuatro en Buenos Aires, uno en Santa Fe; uno en La Pampa, y uno en el Chaco), y las marcas Favorita, Letizia, Rosafé, Trigoflor, Blancaflor, dos plantas frigoríficas (una en Buenos Aires, y una en Santa Fe); así como un centro productor de fertilizantes.

Otras de las principales, Bunge Argentina, del grupo norteamericano Bunge, es propietaria de cuatro plantas de producción de aceites y harinas proteicas (dos en Santa Fe, una en Córdoba y una en Buenos Aires); una planta de aceite, un puerto privado (Santa Fe, en asociación con AGD); tres terminales portuarias propias (San Martín, Ramallo y Bahía Blanca); trece centros de acopio de granos (cinco en el NOA, tres en Córdoba, tres en Santa Fe, dos en Buenos Aires), ocho centros de distribución de fertilizantes, y uno de producción y comercialización de semillas oleaginosas.

Asimismo, el grupo francés Louis Dreyfus posee dos plantas de producción de aceites y harinas proteicas (Santa Fe); tres terminales portuarias propias (Gral. Lagos; Timbúes; Bahía Blanca); 14 Centros de Acopio (uno en el NEA, tres en córdoba; tres en Santa Fe; uno en Entre Ríos; y seis en Buenos Aires). Noble Grain y ADM, en cambio, sí se han centrado en la Argentina en el negocio de la exportación.

Por eso, la concentración del sector se extiende también al procesamiento de la materia prima exportable. Sólo cinco empresas de las 37 productoras de aceite concentran cerca del 60% de la capacidad de producción. Ellas son Cargill, con el 15%, Molinos, con el 13%, Louis Dreyfus, con el12%, Bunge Argentina, con el 8%, y Vicentín, con el 6%. Un punto no menor, si se tiene en cuenta que el 75% de la producción primaria de soja es procesada industrialmente (representa el 84% de la producción total de aceites), y que nuestro país es el primer exportador mundial de aceite de soja y el segundo de aceite de girasol, detrás de Ucrania.

Especulación y evasión. La complejidad con estos actores concentrados, no solo radica en sus conductas especulativas, sino también en sus maniobras para evadir impuestos. Al contar con puertos y terminales propias, muchas de estas cerealeras tienen la facultad de eludir los controles del Estado, y así subfacturar. Las triangulaciones son otros de los mecanismos para eludir impuestos, al trasladar la utilidad generada en nuestro país a otro con menores impuestos y retenciones (o nulos, en el caso de los paraísos fiscales). Por esta razón, en 2011 la AFIP había suspendido provisoriamente del Registro de Operadores de Granos, que permite menores tasas de retención impositiva, a las firmas ADM y Cargill. También, según el organismo recaudador, el año pasado se realizaron operaciones de triangulación por unos 85.000 millones de pesos. Entre las mismas, detectaron una operación que la AFIP consideró irregular de Molinos con su filial en Chile, y tras realizar 41 allanamientos, se encontró un posible caso fraudulento por 250 millones de pesos con participación de 20 exportadoras y la firma Molino Cañuelas. Por eso, a comienzos de este año, la AFIP impuso una tasa del 0,5% a las empresas que triangulen sus exportaciones con países con los que Argentina mantiene convenios de información tributaria, y del 2% para las que lo hagan con naciones con los que no hay acuerdos.

Los protagonistas de siempre. Tal como se señaló, con su oligopolio sobre la exportación, y producción de aceites y harinas, las cerealeras han logrado un fuerte dominio sobre las variables financieras. No son, sin embargo, los únicos actores que mediante conductas especulativas pueden incidir en las cuentas públicas. En el citado informe del Ministerio de Economía, se sostiene que sobre los 73 mil productores del complejo oleaginoso, solo el 6% explica el 54% de la producción. Al igual que sucede con las cerealeras, semejante poder de mercado les otorga un rol clave en el sistema financiero. Claro está, la soja es también aquí la gran protagonista, pese a que los especialistas advierten sobre el riesgo natural y económico que representa esta “sojización”.

El 60% de la siembra es destinada a la soja, cuya superficie sembrada creció entre 2000 y 2011 en un 120%, y su producción en más del 152%, con una tendencia que, como se observa, amplia estos guarismos, quedando en escala mundial de producción sólo por debajo de Estados Unidos y Brasil. La concentración en la producción de este cultivo, se encuentra íntimamente ligada al desarrollo de los pools de siembra, mediante los cuales se realiza el arrendamiento de tierras, alquiler de maquinas, y nuevas tecnologías como las semillas transgénicas, preparadas para resistir el herbicida glifosato que destruye las malezas, así como la siembra directa que permite controlar malezas y hacer una mínima labranza para preservar el suelo.

Pero ello no implica que estas empresas hayan desplazado por su operatoria a los tradicionales terratenientes, sino que por el contrario han potenciado su incidencia. En el trabajo “Los propietarios de la tierra y las economías de escala, sustentos del paradigma sojero en la Argentina”, realizado en 2010 por el prestigioso investigador del Conicet, Flacso y la CTA, se señala que “las evidencias disponibles indican que, al igual que ocurrió en todos los paradigmas anteriores que se implantaron en el agro pampeano, en el actual sustentado en la producción de soja genéticamente modificada también reconoce al propietario como el factor decisivo en su implementación y desarrollo”, ya que “han sido, y lo siguen siendo, fundamentales porque controlan el recurso natural insustituible para la producción y, a partir de allí, las variables económicas y productivas de la empresa agropecuaria, cualquiera sea su tamaño”.

Asimismo, remarca que “la tradicional producción extensiva del agro pampeano resulta potenciada en el paradigma actual por el conjunto de factores tecnológicos y económicos que lo sustentan. Las consecuencias de una mayor influencia de las economías de escala (…) potencia la importancia de la gran propiedad en la producción pampeana, indicando que la centralidad en la producción agropecuaria es ejercida por el propietario, y por una fracción específica de ellos: los terratenientes pampeanos”.

Es en este contexto que deben entenderse las palabras del presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, cuando el 26 de mayo del año pasado reconoció ante Radio Mitre que los productores de soja liquidaban sus granos “por goteo”. Allí afirmó que “la cosecha es propiedad privada y los productores son dueños de venderla cuando quieran”, y demostró la fortaleza económica del sector agrícola al añadir que “la soja se puede mantener un año o más sin venderse”. En esas mismas declaraciones, Etchevehere señaló que en un contexto de “30% de inflación”, si se vendiese toda la cosecha de golpe, los productores sufrirían una devaluación de su dinero del 30%. El pasado jueves, planteó algo similar al afirmar que “conviene más especular con la inflación y el dólar que producir o fabricar productos”. Una lógica financiera incuestionable, sobre un contexto que no sólo las decisiones erradas del gobierno sino también las acciones de estos grandes jugadores del agro, y otros de la economía, han contribuido a crear. Y que en el caso de la Sociedad Rural, vuelve a entrar en colisión con su lema “cultivar el suelo es servir a la patria”.

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