Archive for agosto, 2017


Exige rechazar el decreto que aportó 45 mil millones al proyecto. “Odebrecht está vinculada a Macri”, denunciaron.

En un Congreso desierto y con los legisladores haciendo campaña en sus provincias, el kirchnerismo sorprendió con un pedido de sesión especial en Diputados para el miércoles 16 con un único tema: el rechazo al decreto presidencial 797, firmado por Mauricio Macri hace un año para desembolsar casi 80 mil millones de pesos en obras públicas.

De ese monto, 45 mil millones (casi 3 mil millones dólares de ese momento) fueron asignados al soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra adjudicada por Cristina Kirchner a una UTE que integraba la brasileña Odebrecht, que admitió haber pagado coimas por 35 millones de dólares en el país.

Los socios mayoritarios de la brasileña eran la italiana Ghella y la constructora IECSA, que era propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. En marzo se la vendió a Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía y uno de los empresarios de mayor crecimiento desde diciembre de 2015.

No fue el único cambio: hace un mes, Ghella tomó el 35% de la UTE que tenía Odebrecht, que Macri quiere fuera del país cuanto antes.

El pedido de sesión fue firmado sólo por diputados del Frente para la Victoria y llegó acompañado de una serie de argumentos políticos, inusuales e innecesarios para estos trámites, todos con la intención de vincular a Macri con el escándalo de coimas de la empresa brasileña.

El kirchnerismo quiere tratar el caso del soterramiento del Sarmiento para vincular a Macri con las coimas de Odebrecht, en una jugada de alto cinismo ya que viene de impedir la expulsión de Julio de Vido, por el mismo caso.

“Odebrechet está fuertemente vinculada al grupo del Presidente Macri: baste como ejemplo la intervención de un banco off shore controlado por Odebrecht adquiriendo por 400 millones de dólares un crédito de la CFI y el BID verificado en el concurso de “Correo Argentino S.A.” (empresa del Grupo Macri) para luego aceptar su cancelación por una cifra insignificante, lo que hace presumir un negocio ilegítimo con los controlantes de la concursada o una operación de lavado de dinero”, denuncian los kirchneristas, en uno de los párrafos.

Pero aclaran que “el Soterramiento es necesario. Está votado por ley y adjudicado”, aunque “el dinero lo tienen que poner los contratistas. Es su obligación. El Estado luego pagará contra la obra”.

Suena a letra de Cristina Kirchner, quien en su única mención sobre el escándalo recordó que la obra fue aceptada porque venía con financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (Bndes).

Según su versión, la obra no empezó porque esa plata no llegó. O sea, el problema no era ni Odebrecht ni Calcaterra, sino quien ponía el dinero, una hipótesis que sirve además para defender a Julio de Vido,  investigado en la justicia como presunto partícipe de los sobornos.

Es que la situación del ex ministro, muy vinculado por distintos testimonios a la trama de coimas que pagó Odebrecht en la Argentina, revelan el cinismo del kirchnerismo que por un lado evitó la expulsión del ex ministro de Diputados por el mismo caso con el que ahora busca atacar a Macri.

El DNU 797 fue firmado hace un año y además del soterramiento incluía en su mayoría obras para la Ciudad de Buenos Aires y municipios bonaerenses gobernados por Cambiemos. La oposición lo rechazó en la bicameral de trámite legislativo, pero como sólo queda anulado si ambas cámaras lo rechazan, Macri activó igual muchas de las obras.

Los dirigidos por Héctor Recalde quieren ponerle un freno, pero parece difícil que el oficialismo aporte para el quórum a días de las primarias. O tal vez quiera esperar el resultado para decidir.

 

Exigen declarar la emergencia social con una inversión que incluya recorte en áreas sensibles. Marchan el lunes.

Referentes de los movimientos sociales en compañía de Pablo Michelli (CTA) y Juan Carlos Schmid (CGT) convocaron a una movilización para el lunes desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo, para exigir la implementación de la ley de Emergencia Social, que incluye una inversión extra de 10 mil millones de pesos.

Las organizaciones, que integran la CTEP, Barrios de Pie y la CCC, realizarán la protesta bajo la consigna “Pan, Paz, Tierra, Techo y Trabajo”, y para exigir la implementación de la Emergencia Social y la declaración de la

“La movilización del próximo lunes expresará un fuerte rechazo a las políticas económicas del Gobierno que afectan a los humildes, a los trabajadores, a las pymes, a los jubilados, generando cada día más hambre y desocupación”, expresó el secretario general de CTEP, Esteban Castro. La movilización partirá desde San Cayetano, en las calles Cuzco y Rivadavia, en Liniers a las 8.30, y se dirigirá hasta Plaza de Mayo, en donde a las 15 se realizará el acto de cierre.

La propuesta fue anunciada ayer en el Congreso con respaldo de diputados del Peronismo para la Victoria, Libres del Sur, el kirchnerismo y el massismo e incluye asignación presupuestaria por un monto de 10 mil millones de pesos. Pero aclaran en el proyecto que este monto no debe ser a costa de “la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad servicios sociales”.

Buscan evitar el debate de diciembre, cuando lograron una ley para declarar la emergencia social con un compromiso de 30 mil millones que luego el Gobierno manoteó de otros planes previstos en el Ministerio de Desarrollo Social.

Como servicios sociales se conoce los aportes a “salud, asistencia y seguridad social, educación y cultura y trabajo, vivienda y urbanismo, agua potable y alcantarillado y servicios urbanos”.

Para el presupuesto de este año alcanzaron el 60% el gasto total, por lo tanto no es fácil para el Gobierno buscar fondos de otras asignaciones. Pero es lo que le piden.

El proyecto de ley también crea el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el marco de los ministerios de Desarrollo Social y de Salud, y el Consejo Nacional de la Emergencia Alimentaria, el cual debería elaborar un mapa territorial para identificar precozmente la malnutrición especialmente en niños y adolescentes

David Aruachan reemplazará a Andrés Scarsi, que asumió como ministro de Salud bonaerense.

El desembarco de Andrés Scarsi en el gabinete bonaerense dejó vacante su puesto como viceministro de Salud de la Nación, que -como indicaron fuentes del gobierno a LPO- finalmente ocupará David Aruachan, un hombre del titular del sindicato de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri.

Hasta hoy se desempeñaba como coordinador operativo de la Superintendencia de Servicios de Salud que dirige Luis Scervino, un hombre de la CGT, el tercer organismo descentralizado con más presupuesto del país. Ahora la central obrera intervino para mover a Aruachan al Ministerio de Salud, lo que generó la bronca de Jorge Triaca en una concesión del gobierno a los gremios.

El principal objetivo de Aruachan será controlar los fondos de la cobertura universal de salud, por eso el enojo de Triaca de que se fuera un “PRO puro” como Scarsi -un funcionario que viene del riñón de Marcos Peña, también cercano al intendente Néstor Grindetti– y entrara un representante de la central obrera que mantiene una tirante relación con el Gobierno.

El sindicalista Omar Viviani, Scervino y Aruachan